'A Gibrán lo mató la policía de Veracruz'

Israel Hernández

Boca del Río, Ver.
México

Gibrán David Martíz Díaz, exparticipante del programa musical La Voz México, fue detenido, torturado y asesinado por la Policía Estatal de Veracruz, revela su padre Efraín Martíz Aguirre, que por su cuenta se dedicó a investigar en dónde estuvo durante los 11 días, antes de que fuera hallado sin vida el 18 de enero de 2014.

A un año del asesinato de Gibrán y de un menor de identidad reservada, además de la desaparición de José Eduardo de la Cruz Caballero, el padre del cantante veracruzano lamenta que la Procuraduría General de Justicia (Hoy Fiscalía) encubra a personajes como Arturo Bermúdez Zurita, secretario de Seguridad Pública, quien podría tener responsabilidad directa en el crimen.

Para el padre de Gibrán, la detención policial no se trató de un secuestro y mucho menos de un nexo de los elementos implicados con la delincuencia organizada.

La privación ilegal de la libertad de los muchachos, asegura, estuvo asociada a un "ajuste de cuentas" ordenado por el titular de la SSP después de una pelea entre uno de sus sobrinos y José Eduardo de la Cruz.

"El problema nunca fue con mi hijo, sino con una de sus amistades", dice.

Desde que murió el primogénito de la familia Martiz Díaz, la vida se les complicó producto de las múltiples amenazas por investigar y exigir públicamente que se castigue a los culpables del asesinato del joven que soñaba con un carrera artística. 

Por ello, al momento que Martiz Aguirre comparte los documentos y pruebas que ha recolectado durante los últimos 12 meses, con reservas anuncia que dejará México para regresar a su natal Panamá, tierra en la que creció bajo una cultura del absoluto respeto al Estado de Derecho y en donde “quien comete un crimen, debe ser procesado y cumplir un castigo por ello", afirma.

Junto con los dos hermanos menores de Gibrán y su esposa, don Efraín retornará al país del gran canal con la certeza de que en Veracruz nunca más podrá vivir sin el temor a un ataque o una agresión, y convencido de que las autoridades son corresponsables en la mayoría de desapariciones forzadas.

LA HISTORIA

José Eduardo de la Cruz y el joven menor de edad fueron interceptados en las calles de Xalapa durante la madrugada del 7 de enero de 2014 por una patrulla de la SSP con número 201778.

Ambos fueron bajados de un Mitsubishi Lancer color gris (automóvil que hasta la fecha no aparece), revisados e interrogados por los elementos de la Policía Estatal Acreditable, el nuevo modelo de policía confiable y evaluada para el servicio público y la apuesta del gobierno del estado por garantizar la tranquilidad de los veracruzanos.

Los oficiales indagaron en dónde vivían y los llevaron al departamento que recién habían rentado. Cuando esculcaron el lugar, ahí encontraron a Gibrán Martiz.

De acuerdo a la versión de los 7 policías que posteriormente fueron consignados por el caso, tras detener y revisar a los jóvenes, procedieron a regresarlos sanos y salvos al departamento ubicado en la avenida Ferrocarril Interoceánico, a unos metros del Congreso del Estado.

Sin embargo, los policías nunca explicaron qué pasó después. Y no lo explicaron porque la Procuraduría General de Justicia del Estado no se los preguntó. Y tampoco, desde luego, fueron investigados por la aparición del cuerpo sin vida de Gibrán tras el presunto enfrentamiento entre la Policía Estatal y dos delincuentes durante la noche del 18 de enero. 

“A GIBRÁN LO TORTURÓ LA POLICÍA”

A partir del 18 de enero de 2014, día en que supieron de la muerte de Gibrán, la familia Martiz Díaz se ha centrado en dos cosas: orar a Dios por el familiar que se adelantó e investigar qué pasó entre el día que desapareció y el día de su deceso.

Desde que se enteró de su desaparición hasta la fecha, Efraín Martiz no ha soltado la investigación judicial y se ha mantenido al pie, vigilando, preguntando y asesorándose sobre el proceso que enfrentaron los 7 policías incriminados -ya liberados- y el resto de elementos del caso.

Pese a que le fue negada una copia de la averiguación previa AP-045E-2014*13-06-2014-049547-Z, Efraín Martiz tomó fotos del informe -exigido por la PGJE- que presentó Telcel sobre la actividad y geolocalización del IPhone 4 que utilizaba Gibrán.

En un legajo de 29 páginas se detallan las comunicaciones (mensajes de texto, llamadas entrantes y salientes, conexiones a internet) que tuvo el equipo -incluso con otros chips- entre el primero de enero de 2014 y el 23 de junio de 2014. 

“Busqué a gente especialista que me asesorara sobre el tema y cotejamos las coordenadas geográficas y adivina en dónde estuvo el celular durante esos 11 días, entre el 7 y el 18...mira, a Gibrán lo tuvieron en la Academia de El Lencero”, precisa al tiempo que muestra las fotografías del expediente y confirma los datos.

Cuando Martiz Díaz presentó la información y parte de su investigación al actual procurador de Justicia, Luis Ángel Bravo Contreras y al exsecretario de Gobierno, Erick Lagos Hernández, ambos no supieron dar una explicación al indignado padre. 

“Se quedaron mudos...y entonces les dije: Si la ubicación del celular no comprueba fielmente que en la Academia de Policía tuvieron secuestrado a mi hijo y lo torturaron, por qué nunca tomaron en cuenta esta información para la investigación ¿Por qué? ¿O se van a meter a la Policía a preguntar quién se quedó el celular?”.

Posterior al reclamo personal, en junio de 2014 Efraín Martiz solicitó por escrito que la información proporcionada por Telcel fuera integrada como prioritaria en la investigación.

La respuesta de la PGJE y del agente del Ministerio Público, Guillermo Become, se limitó a que un perito de la institución debía emitir un dictamen técnico para avalar las mencionadas evidencias.

¿POR QUÉ SE LOS LLEVARON?

Otro dato que aporta Efraín Martiz sobre el paradero temporal de Gibrán con base en la geolocalización del equipo celular, es que entre la casa ubicada en Ferrocarril Interoceánico y la Academia de Policía en El Lencero, los 3 jóvenes sustraídos fueron llevados a un lugar donde permanecieron gran parte del 7 de enero.

“Hay un punto que registra entre el departamento y las coordenadas de la Academia. A ellos se los llevaron a una casa del fraccionamiento Las Ánimas en la que estuvieron desde el amanecer hasta más del medio día”, dice, aunque el registro oficial del informe precisa que la última vez que estuvieron en el sitio fue a las 12:19 de la tarde.

“Lo que me causa mucha curiosidad es que en ese fraccionamiento viven muchos funcionarios, entre ellos el propio (Arturo) Bermúdez Zurita, y no dudaría que los fueron a presentar”.

Después de situarse en Las Ánimas, el celular se movió hasta el terreno donde está construida la Academia de Policía de la SSP, el lugar donde se forma a los elementos de la Policía Estatal Acreditable y de la recién creada Fuerza Civil de Veracruz.

"Imagínate la escena que te voy a describir ahora: siete días después, el 14 de enero de 2014 arribó un alto funcionario a entregar reconocimientos en la Academia.

"Si tú buscas esa fecha, te enterarás que ese día estuvo Miguel Ángel Osorio Chong, el secretario de Gobierno federal, en el mismo lugar en que, no sé, una bodega o un salón, tableaban a mi hijo y a su amigo".

Días después del boom mediático que tuvo el caso Gibrán y el seguimiento puntual de medios nacionales e internacionales, en Veracruz corrió una versión sobre el móvil de la desaparición de los 3 muchachos.

“Mucho se dijo que mi hijo había tenido problemas con un familiar del secretario Bermúdez y que se trataba de un ajuste de cuentas. Y puede que haya sido así, pero en realidad el problema no era con Gibrán, sino con José Eduardo de la Cruz (aún desaparecido)”.

Según la información que Martiz Díaz ha obtenido, De la Cruz Caballero tuvo diferencias con un sobrino del secretario de Seguridad Pública y en una centro nocturno hubo un riña en la que hubo varios lesionados, incluido el pariente del funcionario estatal, el cual resultó gravemente herido.

“Y eso lo comprobé porque la esposa de José Eduardo me contó que días antes de que desaparecieran, él había ido a Alvarado (de donde es originario) a buscar ropa y le vio una herida, pero no dijo más”.

“Todo apunta en que lo identificaron por el Lancer gris para el ajuste de cuentas, y bueno, por esa cochinada también se llevaron a Gibrán y al otro amigo (de identidad resguardada) que apareció con él”, relata.

ARREGLOS TURBIOS

Efraín Martiz Aguirre nunca creyó en la versión que ofreció el entonces titular de la PGJE, Amadeo Flores Espinoza, quien primero intentó asociar la muerte de Gibrán y su compañero con actividades ilícitas.

En el boletín emitido un día después, la PGJE detalla que la Policía Estatal Acreditable arribó a la zona conocida como Ternera, en la carretera Conejos-Huatusco, para atender un llamado por detonaciones de arma de fuego.

Al llegar al lugar, los elementos de la SSP enfrentaron a dos sujetos y los ultimaron. Tras una revisión de las inmediaciones del hecho, encontraron uniformes clonados de la Policía Ministerial, armas de asalto, chalecos antibalas y equipos de radiocomunicación. A unos 60 metros de ahí, también hallaron los cuerpos inertes de Gibrán Martiz y el menor de edad. El vacío de información fue tal que algunos medios de comunicación dieron por hecho que los jóvenes habían sido asesinados por los policías, mientras que otros asentaron que los muchachos estaban secuestrados por los malhechores.

“Desde ese día nos dimos cuenta que nos enfrentaríamos a una justicia turbia (...) Con la ayuda de testigos y de gente que lo conocía comprobamos que Gibrán no andaba en malos pasos, de hecho apenas se había instalado en Xalapa.

“Y entonces nos preguntamos ¿Lo tenían secuestrado? Pero por qué nunca nos pidieron dinero o un rescate. Siempre tuve mis dudas de la policía, y más cuando me entregaron el cuerpo de mi hijo, con el tiro de gracia y con señales evidentes de tortura”, relata con precisión.

A mediados de noviembre, Efraín Martiz tuvo un encuentro informal con el gobernador Javier Duarte en el café Parroquia de Boca del Río. En la breve conversación que tuvieron, el padre de Gibrán exigió, por enésima vez, que los culpables tuvieran castigos.

Hasta esa fecha los únicos detenidos por el caso eran los 7 policías acusados de abuso de autoridad y de incumplimiento de un deber en el servicio público, es decir, los últimos que vieron con vida a los 3 jóvenes.

Dos semanas después de la charla con el mandatario estatal, los elementos de la SSP fueron liberados por el juez Florencio Hernández Espinoza, quien consideró como “faltas no graves” la participación de los oficiales en el hecho.

“El problema principal es que ellos nunca fueron relacionados con el asesinato (...) Aunado a eso, hubo arreglos por debajo del agua que nosotros documentamos y se informó en su momento, que el juez se había reunido con Vito Lozano, el titular del bufete de abogados que defendía a los policías. Así las cosas”.

“DEBEMOS IRNOS, NO HAY OPCIÓN”

La familia Martiz Díaz tiene un pie fuera del país. Efraín aprovechó la visita de diplomáticos panameños durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2014 y la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado para exponer su caso. También se asesoró para acudir ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, ya que la Comisión Nacional de Derechos Humanos nunca se pronunció al respecto.

“Ya hablamos y es un hecho que nos vamos, no tenemos opción (...) Esto no es vida, y por más que traigas a una persona que cuide de tu espalda no te sientes seguro.

“A todos nos afectó mucho, pero mucho más a su hermano Erick, tanto que ha querido suicidarse y está muy deprimido. De hecho tuve que sacarlo de Veracruz porque recibimos amenazas”, dice Efraín, que mantiene la ecuanimidad en sus palabras e intenta recuperar un tono de esperanza.

“Sabemos que vamos a dejar muchas cosas atrás, pero ya hemos perdido mucho y que lo que venga será ganancia. En serio no sé cómo los mexicanos, porque créeme, me siento de aquí, podemos vivir así, agachados, solapando a gente que nos está haciendo mucho daño”.

*Texto publicado el 14 de enero de 2015.

Chicontepec: Fracaso petrolero y amenaza ambiental

Israel Hernández

Álamo Temapache, Ver.

México

En los 3 mil 800 kilómetros cuadrados del Aceite Terciario del Golfo (Chicontepec), de 2011 a 2014 Pemex sólo produjo el 2.3 por ciento del total nacional.

Si sumáramos los litros de agua que las compañías petroleras utilizaron entre 2011 y 2014 para extraer hidrocarburos mediante la técnica del fracking en el proyecto Aceite Terciario del Golfo (ATG), mejor conocido como Paleocanal de Chicontepec, podríamos abastecer de agua durante una semana a los 900 mil habitantes de la zona metropolitana de Veracruz.

Los 450 millones 218 mil 42 litros de agua que se mezclaron con una treintena de químicos y se inyectaron mediante tuberías para sacar petróleo y gas, también pudieron haber servido para que los habitantes de los 12 municipios que están incluidos en el ATG se bañaran, lavaran su ropa y completaran sus actividades cotidianas durante 30 días.

Lo que sí hicieron de 2011 a 2014 con los millones de litros extraídos de los afluentes de la región Huasteca, fue producir un promedio de 237 mil barriles diarios de petróleo y 578 millones de pies cúbicos de gas, una cifra que representa apenas el 2.3 por ciento del total de petróleo y el 2.2 por ciento del total de gas generado en el país en esos 48 meses, según los datos que ofrece la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) en el seguimiento del proyecto Chicontepec.

Aceite Terciario del Golfo, el gran proyecto petrolero que aloja el 30 por ciento de las reservas de hidrocarburos de México, y que impulsó la administración del panista Felipe Calderón Hinojosa y dio continuidad Enrique Peña Nieto en sus dos primeros años de gobierno, resultó un gran fracaso en materia energética, cuyas consecuencias se extendieron al plano social y ambiental.

Debido a la complejidad geológica en la zona norte del estado de Veracruz, los campos de Chicontepec se clasifican en no convencionales, es decir, que a diferencia de los pozos convencionales localizados en el sureste del país y en aguas someras, para obtener hidrocarburos se requiere de tecnología más avanzada y costosa, pero que además implica la utilización de recursos naturales como el agua. Una de ella es la fracturación hidráulica, conocido como fracking.

En vísperas de que se concrete la licitación de campos petroleros en la Ronda Uno y la eventual llegada de la Ronda Dos y Tres (en la que se pretende explotar Chicontepec), hay organizaciones como la Alianza Mexicana contra el Fracking, así como actores locales- desde funcionarios municipales hasta activistas-, que se oponen a la utilización de dicha técnica en una región cuya cobertura de red de agua potable se limita a unas cuantas comunidades, pero que también ven en el fracking una amenaza para la salud de las 800 mil personas que viven en la superficie, encima de donde se guarda el futuro energético de México.

Fracking, 'inyección letal'

En 3 años se han perforado 652 pozos mediante la fracturación hidráulica.

De acuerdo a un informe elaborado por la Región Norte de Petróleos Mexicanos y obtenido por este reportero a través del Instituto Federal de Acceso a la Información (Solicitud de información 1857500183314), en el lapso de 2011 a 2014, en el ATG se explotaron 652 pozos mediante la técnica del fracking en municipios veracruzanos como Papantla, Álamo Temapache, Tepetzintla, Ixhuatlán de Madero, Castillo de Teayo, Coatzintla y Chicontepec, así como en el territorio poblano de Venustiano Carranza,  Francisco Z. Mena y Pantepec.

En 2011 se extrajo hidrocarburo mediante el fracking en 98 pozos de los campos Agua Fría, Agua Nacida, Aragón, Horcones, Humapa, Soledad Norte, Tajín y Tlacolula, con una utilización de 146 millones 323 mil 251 litros de agua.

Conforme se redujo la inversión presupuestal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en Chicontepec, la explotación con fracturación hidráulica bajó su intensidad, de manera que de los 360 pozos aprovechados en 2012 con 129 millones 237 mil 168 litros, en 2013 la cifra bajó a 169 pozos y en 2014 a 25.

A diferencia de la extracción mecánica, el fracking consiste en taladrar a un profundidad de mil a 5 mil metros e inyectar con alta presión una mezcla que está compuesta por agua y un cóctel de más de 200 químicos, de los cuales  30 están considerados como tóxicos según el documento de patente denominado “Chemicals Used in Hydraulic Fracturing”.

El texto emitido por el gobierno de los Estados Unidos especifica en el apartado de ‘Químicos tóxicos’ que elementos como el metano, tolueno, benceno, plomo, fenol, acrilamida, óxido de propileno, xileno, cloruro de hidrógeno, entre otros, tienen consecuencias para el ser humano e incluso conllevan un riesgo cancerígeno.

Mientras la perforación convencional se limita a una línea vertical que es introducida hasta encontrar crudo, en la no convencional el tubo cambia a una dirección horizontal cuando llega a una determinada profundidad: El objetivo es que la mezcla vertida alcance esos rescoldos donde se esconde el hidrocarburo y lo lleve hasta la superficie.

A lo largo y ancho de los 3 mil 800 kilómetros cuadrados del Paleocanal de Chicontepec, cuya extensión equivale al tamaño del estado de Tlaxcala, se pueden encontrar terrenos accidentados, montañas y algunos pequeños valles que están repletos de naranjales, principal cultivo en la región.

Sin embargo, a miles de metros de profundidad las condiciones geológicas son todavía más complejas y variadas: la roca es altamente porosa y de baja permeabilidad, características que complican que el petróleo ascienda.

Las empresas estadounidenses y europeas que trabajan en el ATG, se han visto obligadas a echar mano del fracking en pozos en los que las técnicas convencionales no son suficientes para sacar petróleo y gas.

El documento de Pemex revela que en un solo pozo se pueden llegar a utilizar hasta 38 millones de litros de agua, tal y como quedó registrado en la bitácora 2011 de los pozos 2051, 2070  y 2071 del campo Humapa.

Enferman al campo

En 17 campos (puntos rojos) del proyecto ATG, ha sido necesario emplear fracking para extraer gas y petróleo.

Tras su inyección al subsuelo, el destino de la mezcla es incierto, pues el porcentaje de líquidos que salen a la superficie junto con el hidrocarburo varía de un pozo a otro.

De acuerdo a Claudia Campero, integrante de la asociaciones Blue Planet Project, Alianza Mexicana contra el Fracking y Food & Water Watch, ninguna de las compañías que trabajan con fracking en México han transparentado el uso de los desechos líquidos.

“Es muy difícil saber cuánto regresa y cuánto se queda debajo de la tierra. Puede ser que el 80 por ciento de la mezcla salga junto con los hidrocarburos y el resto permanezca abajo, o viceversa. El asunto es qué pasa con el agua contaminada que además de lo químicos trae metales pesados”, cuestiona.

Se solicitó a Pemex, mediante el IFAI, que explicara qué protocolos tienen para manejar los miles de litros contaminados y de qué manera evitan perjuicios a la salud de los pobladores cercanos. Hasta el cierre de este reportaje la empresa no había contestado.

“Tengo entendido que ellos tienen unas letrinas gigantes para almacenar el agua temporalmente. Allí la ponen a evaporar para después trasladarla a otro sitio (…) El sólo hecho de permitir su evaporización es bastante peligroso porque el aire se contamina”, señala Campero.

Para Armando Aguirre Hérviz, especialista en el tema y coordinador del Centro de Políticas Socio-Ambientales del Partido del Trabajo, sostiene que con base en hechos ocurridos en otros países y las pruebas con los químicos tóxicos, en Veracruz podrían dispararse los casos de cáncer y padecimiento endócrinos asociados al fracking.

“Hay casos documentados en otros países sobre problemas a nivel de los riñones, hígado, pulmones y otros órganos con riesgo de desarrollarse cáncer (…) Es un problema muy serio que está relacionado con la contaminación del aire por la emanaciones de metano provenientes de pozos con fracking”, insiste.

Claudia Campero, geógrafa por la UNAM y con maestría en Planeación y Desarrollo por la University College London, expresa que otra de las preocupaciones para los ambientalistas es el comportamiento de la mezcla de químicos y agua en el fondo de la Tierra.

“El agua que se queda en el subsuelo es un riesgo por dos razones: La primera porque hay grandes probabilidades de que se filtre a mantos acuíferos que abastezcan a la gente y a zonas pobladas. También se ha investigado sobre cómo el agua que no sale pueda estar lubricando fallas geológicas y generar sismos”.

En una reciente investigación periodística del portal Sin Embargo, la reportera Mayela Sánchez documenta la contaminación del agua a causa del fracking en el condado Susquehanna, en el estado de Pensylvania.

La actividad petrolera en la zona provocó que el agua se convirtiera inutilizable para los seres humanos, por lo que la empresa Cabot Oil & Gas Corporation debe llevar agua en buenas condiciones para las familias que decidieron no abandonar el lugar, pese a las adversas condiciones de vida.

Campero precisa que hasta ahora no hay evidencia científica que la acción de taladrar y perforar tenga relación con sismos, no obstante, sí hay estudios referentes al comportamiento de fallas geológicas y su posible activación con los residuos de agua.

Actualmente el fracking está prohibido en España, Francia, Bulgaria, Alemania, Reino Unido, Sudáfrica, República Checa, Suiza, Italia, Irlanda del Norte y Austria; En Estados Unidos, el estado de Nueva York se convirtió en el primero en prohibirlo por considerarlo un riesgo para la salud pública.

Saquean las tierras 

Paula Carrillo.

La familia Vázquez Carrillo lleva más de 40 años viviendo en la comunidad de Palo Blanco, ubicada a unos 12 kilómetros al poniente de la ciudad de Álamo (cabecera municipal), donde criaron a sus tres hijas: Dos emigraron a Tuxpan, Veracruz y Monterrey, en el estado de Nuevo León, mientras que una decidió quedarse en la localidad.

Quienes viven en el pequeño pueblo que no supera los 2 mil habitantes tienen 3 opciones para ganarse la vida: Poner un comedor para alimentar a los trabajadores de Pemex o una tienda de abarrotes; Dedicarse a la siembra y cosecha de naranja o emigrar en busca de oportunidades.

Desde que tiene memoria, doña Paula Carrillo Mérida ha visto ir y venir a cientos de unidades con el logotipo de Pemex, una institución que hasta antes de la aprobación de la reforma energética, en la región era sinónimo de un empleo seguro, bien remunerado, con prestaciones y un pase al progreso.

En su caso, las condiciones familiares la obligaron a dedicarse al campo y por supuesto al hogar. A sus 66 años comparte la casa con su esposo Lucio Vázquez García, apenas dos años mayor que ella.

“Cada 2 ó 5 años nos dicen que ya habrá beneficios para nuestra gente, pero sólo vemos cómo se llevan el petróleo y Pemex no deja nada”, dice Carrillo Mérida cuando le pido que me platique qué sabe de los últimos proyectos de la empresa petrolera.

Su comunidad está dentro del campo petrolero Palo Blanco y en el que se han perforado pozos y sacado hidrocarburos mediante la técnica delfracking, una palabra que hasta el día que la visité nunca había llegado a sus oídos.

Su rostro redondo sólo mostró desconcierto cuando le pregunté sobre la amenaza que representaba la fracturación hidráulica para su comunidad y para el entorno que los rodea.

-¿Les han dicho algo sobre los miles de litros que utilizan para la perforar y para las actividades petroleras?

-Lo único que sabemos es que seguirán  en la zona, y eso porque al comedor que tiene mi hija llegan trabajadores de Pemex y de otras empresas que platican sobre que habrá trabajo. Del agua sólo le puedo decir que es escasa, aunque en el pueblo ya casi todos tenemos red de agua- detalla Paula.

Las consecuencias sobre el fracking no representan un tema de primer orden, ya que en la comunidad hay preocupación por lo que sí se conoce: Los bajos precios en que se vende la naranja, el desempleo de los jóvenes que egresan del bachillerato y la falta de servicios básicos en algunas zonas del pueblo.

La señora Paula Carrillo, al igual que miles de veracruzanos de las regiones Huasteca y Totonacapan, es ajena a los padecimientos que pueden acarrear la contaminación de los mantos acuíferos o una mala disposición de los desechos generados por fracking. Desconoce, además, que compañías como Watherford, Baker Hughes, Schlumberger, Halliburton de México, entre otras, obtienen agua del cercano río Pantepec para hacer la mezcla química.

Privilegian a empresas

En las diferentes congregaciones de los 12 municipios involucrados en el proyecto Aceite Terciario del Golfo no sólo hay descontento por los pocos avances que tienen en servicios públicos, vías de comunicación, oportunidad y avance en el nivel de vida:

Los ejidatarios, campesinos y ganaderos viven en la incertidumbre por el futuro de sus tierras en una zona con potencial petrolero. Si bien desde hace más de 40 años han tenido que ceder algunas hectáreas a cambio de acuerdos que implican pagos por renta o compra de predios, ahora están conscientes de que las reglas han cambiado.

El artículo 96 de la Ley de Hidrocarburos aprobada como parte de la reforma energética, establece que la industria relacionada con el petróleo y gas es de utilidad pública, es decir, que las actividades de exploración y extracción son de interés social y tendrán prioridad sobre cualquier otro uso del territorio.

Para la activista Claudia Campero, la legislación en la materia privilegia los intereses de las empresas y manda a un segundo plano los derechos sobre la tierra de ejidatarios o pueblos indígenas.

“La reforma energética vulnera a las comunidades, pues se aseguró en dar todas las garantías para que las compañías operen (…)  En teoría se debe dar una negociación entre el contratista y los ejidatarios para el pago de renta, pero el concepto de la expropiación está vigente porque el gobierno puede obligar a los dueños de la tierra basados en este artículo”, explica.

En el régimen energético existente hasta antes del 2013, las compañías o Pemex solían adquirir los terrenos a cambio de dar un porcentaje de los ingresos a los terratenientes. Ese plan de negocios ahora resulta inviable económicamente en una zona que requiere fracking para extraer hidrocarburo.

Según el análisis de la Ley de Hidrocarburos realizado por la organización Alianza Mexicana contra el Fracking, existe una tasa de declinación de productividad de los pozos de entre el 80 y 91 por ciento.

“Esto significa que estos pozos sean abandonados y que, para mantener su producción, las empresas tengan que moverse de una zona del territorio a otra para perforar pozos nuevos. De esta manera, les convienen contratos de renta de terrenos de corto plazo y no su adquisición permanente”, refiere el artículo.

El uso temporal de un predio y su eventual abandono deja la tierra en condiciones inservibles para la agricultura o la ganadería, debido a la contaminación de la superficie y desde luego del subsuelo donde se inyectaron miles de litros de mezclas tóxicas.

Este reportero buscó al representante ejidatario de Palo Blanco, en el municipio de Álamo Temapache, para conocer su punto de vista respecto a los planes de negocio propuestos por las empresas. Sin embargo fue imposible localizarlo.

El sector agrícola está indefenso legalmente ante la llegada de las trasnacionales y el fracking.

Campesinos desinformados

Esteban Rodríguez Ramírez es regidor décimo del Ayuntamiento de Álamo Temapache y es de los pocos funcionarios locales informados sobre las consecuencias ambientales y sociales que genera la fracturación hidráulica como técnica de extracción.

“Hay mucha desinformación sobre el tema. Si bien es cierto que afecta directamente a los ejidatarios, el daño irreversible en mantos freáticos, la contaminación del aire y la erosión de los suelos también acarrea problemas para el resto de la población”, insiste.

Rodríguez Ramírez ha emprendido una campaña informativa en las comunidades del municipio con la intención de que las asambleas ejidales firmen actas contra el fracking y se opongan a su utilización en zonas fértiles para el campo y otras actividades rurales.

“Por un lado hay campesinos que sí están en contra de la técnica y que han sido informados sobre los alcances negativos, pero por otro frente llegan las empresas como típicos lobos con piel de oveja.

“Llegan a las comunidades tratando de sensibilizar de que habrá beneficios para las comunidades construyéndose escuelas, dando despensas o útiles escolares (…) La lucha está dada entre la información y el trabajo de convencimiento de las compañías”, expresa el edil de Álamo.

Terreno no redituables

Estimaciones de Pemex indican que un barril en un pozo convencional y en tierra necesita una inversión de 10.5 dólares; En aguas someras se encarece a 12 dólares y en pozos no convencionales llega a costar 23 dólares.

Actualmente el precio de barril de petróleo oscila entre los 40 y 48 dólares; El lunes 5 de octubre de 2015, por ejemplo, el barril de crudo se comercializó en 46 dólares, de manera que en ATG la inversión por producción alcanza un 50 por ciento, dejando márgenes muy bajos de ganancia.

Además del riesgo implícito del fracking para el entorno social y ambiental, su implementación en el Proyecto Aceite Terciario del Golfo ha significado una millonaria inversión que al contrario de lo que se planteó en 2007, no ha sido redituable para México.

Pese a los múltiples informes sobre la complejidad de Chicontepec y lo costoso que resultaría, el expresidente Felipe Calderón Hinojosa apostó a su exploración y explotación motivado porque al cierre de 2007, por ejemplo, el barril de crudo se vendía hasta en 91 dólares.

El reporte de Indicadores de Inversión de la CNH detalla que la Federación destinó  11 mil 106 millones de pesos para ATG en 2008 , año en que se alcanzó una producción de 29 mil barriles diarios de petróleo y 52 millones de pies cúbicos diarios de gas, lo que representó el 1 por ciento del total nacional.

Conforme avanzó la administración de Calderón Hinojosa, las partidas presupuestales para Chicontepec aumentaron: En 2009 se invirtieron 24 mil 2 millones de pesos; En 2010 pasó a 36 mil 490 millones y en 2011 tuvo un ligero descenso a 31 mil 366 millones de pesos. En el último año del sexenio calderonista se apostó con 32 mil 81 millones de pesos.

Pese a las fuertes inversiones de Pemex para reactivar el proyecto Chicontepec, las metas establecidas por la entonces paraestatal nunca se lograron:

Mientras la expectativa oscilaba en conseguir entre 80 y 150 mil barriles diarios de petróleo, la producción tuvo su mejor año en 2012 con un promedio de 69 mil barriles diarios de crudo y  149 millones de pies cúbicos de gas.

Para dimensionar el tamaño del fracaso y la pésima planeación en el ATG, lo que se produjo en ese año sólo representó el 2.6 del total nacional y el 17 por ciento de lo generado en el Complejo Cantarell (Sonda de Campeche), que en 2012 mantuvo un promedio de 404 mil barriles diarios de petróleo.

Rasuran inversión

Con la llegada de Enrique Peña Nieto a la presidencia de la república, los especialistas en la industria petrolera vislumbraron un cambio que en 2014 se concretó con la integración de las reformas estructurales, entre ellas la reforma energética.

El activo Chicontepec no quedó exento al ajuste del Gobierno Federal y una de las maniobras fue reducir la inversión en la región que comprende el norte del estado de Veracruz y una parte de la sierra norte de Puebla.

El periodo de transición mantuvo las inversiones para ATG en 2013 con un monto de 29 mil 20 millones de pesos; Para el 2014, el paquete presupuestario destinó 25 mil 273 millones de pesos, la cifra más baja en los últimos 5 años, reducción que fue suficiente para que las empresas transnacionales disminuyeran su porcentaje de participación y lo que originó una crisis económica en la región.

La falta de rentabilidad en el proyecto Chicontepec llevó al Gobierno Federal a disminuir drásticamente el presupuesto para su explotación. En 2014, el segundo año del régimen de Peña Nieto, la producción en ATG cerró en 49 mil barriles de crudo diarios, con un déficit del 26 por ciento en relación al 2013.

En 2014 también decayó el número de pozos en operación, pues de alcanzarse 2 mil 790 (cifra récord en ATG) en 2013, para el siguiente periodo sólo funcionaron 2 mil 509 pozos.

Con la estrategia definida de cara a las licitaciones de la Ronda Uno y las eventuales Dos y Tres, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público decidió rasurar un 70 por ciento de la inversión para 2015: De los 25 mil 273 millones se redujo a 7 mil 659 millones de pesos.

Ante la baja producción, la inversión pasó de 36 mil 490 millones en 2010 a 7 mil 659 millones en 2015.

Una ciudad a la deriva

La ciudad más importante en el norte de Veracruz es Poza Rica, una zona metropolitana de 480  mil habitantes que es complementada por los municipios de Coatzintla, Cazones de Herrera,  Tihuatlán y Papantla.

La pequeña urbe se fundó a partir de los campamentos petroleros establecidos entre 1925 y 1930, y desde hace 90 años la fuente de ingresos de sus habitantes está relacionada con la industria petrolera.

Desde la formación de sus barrios hasta la composición política del municipio, hay un remarcado lazo con el oro negro. Por ejemplo, Sergio Lorenzo Quiroz Cruz, actual alcalde de Poza Rica, también es líder de la sección 30 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana.

Como suele pasar en otras capitales petroleras, el aire que se respira en este centro industrial y comercial siempre va a acompañado con un fuerte olor a podrido, pero en realidad se trata del gas mezclado con las partículas de oxígeno.

Con las fuertes inversiones del Gobierno Federal para aprovechar el recurso no renovable en el Activo Integral Aceite Terciario del Golfo a partir del 2008, la vida económica de la región mostró un alentador crecimiento.

El número de comercios se multiplicó en un 50 por ciento y la industria hotelera tuvo repunte de hasta 110 por ciento: De 19 hoteles existentes, la oferta se amplió a 40 hoteles en 7 años.

Los empleos formales también llegaron y la esperanza arropó a cientos de familias que anteriormente no habían tenido oportunidades de mejorar su nivel de vida.

En cuanto el Gobierno Federal se empezó a apretar el cinturón a Chicontepec, las grandes empresas de perforación y exploración como Watherford, Schlumberger, Baker Hughes, Halliburton de México, Burgos Oil Services tuvieron menos trabajo. Por ende, optaron por recortar plantillas, dejar de utilizar maquinaria y reducir el margen de maniobra en los diferentes campos que conforman el activo ATG. Lo mismo sucedió con pequeñas y medianas empresas que eran subcontratadas para surtir a servicios y dar mantenimiento a las trasnacionales.

De acuerdo a Antonio Benítez Lucho, titular de la delegación Veracruz Norte del Instituto Mexicano del Seguro Social, durante el 2014 tuvieron un déficit de 7 mil afiliados derivado de los despidos masivos e incluso del cierre de empresas.

“El año pasado estuvo muy crítico, perdimos 7 mil cotizantes de empresas que le trabajaban a Pemex y que tuvieron que recortar plantilla o retirarse porque no había trabajo en Aceite Terciario del Golfo”, dijo el 25 de septiembre de 2015.

La cascada negativa también asoló a los comerciantes, de manera que hasta el 30 por ciento de los negocios han tenido que bajar cortinas por la crisis, de acuerdo al presidente de la Canaco en Poza Rica, Heberto Baños Reyes.

Cuando se creyó que no existía peor panorama para la zona norte de la entidad, en marzo de 2015 Petróleos Mexicanos anunció la desaparición de la Subdirección de Exploración y Producción Región Norte en Poza Rica, por lo que las oficinas se trasladarían al puerto de Veracruz, como parte de la reestructuración administrativa.

Petrodependencia excesiva

Para Martín Vizcarra Pérez, consultor en desarrollo sustentable  y presidente de la organización hOla Civil Poza Rica, la crisis económica que golpea la ciudad no sólo está provocada por la falta de inversiones del gobierno federal y su mala planeación en el rubro energético.

El analista considera que la región padece una petrodependencia  que tiene a la región sumida en un grave rezago económico y social.

“Los propios líderes en la zona reconocen que Poza Rica ya no debe depender del petróleo, pues en cuanto ésta industria se cae, la economía sufre un golpe muy fuerte porque al menos el 70 por ciento de los empleos están relacionados directa o indirectamente al sector”, explica.

Vizcarra Pérez insiste que desde el gobierno municipal y apoyado por el gobierno estatal, se deben impulsar la atracción de inversiones del ramo de la transformación, manufacturera o automotriz, tal y como sucede en ciudades como Puebla, Aguascalientes, Querétaro, León, entre otras.

“Tenemos una ubicación privilegiada, conexión con el centro del país y desde luego con el puerto de Tuxpan (…) Ha quedado demostrado que el proyecto de Chicontepec ha sido muy costoso para el país y sin embargo la visión a largo plazo está proyectada en su explotación.

“Además de la baja rentabilidad que se estima, basados en los últimos resultados de producción, el fracaso a nivel socioeconómico ha quedado en evidencia en una ciudad donde el 70 por ciento de su población vive en condiciones de pobreza”, expone.

El Índice de Competitividad Urbana 2014, un estudio realizado por especialistas el Instituto Mexicano para la Competitividad, posiciona a Poza Rica entre las 10 zonas metropolitanas con menor potencial para crecer.

La investigación ubica a la ciudad petrolera entre las menos competitivas junto con Acapulco, Tulancingo, La Piedad, Nuevo Laredo, Cárdenas, Chilpancingo, entre otras urbes.

Entre las propuestas de Martín Vizcarra para transformar el modelo económico marrón  a uno verde, están la generación de condiciones para atraer empresas dedicadas a la investigación y el desarrollo de energía renovable.

Asimismo, plantea que Poza Rica puede capitalizar los atractivos turísticos que la rodean, desde la zona arqueológica Tajín y el ecoturismo en zonas montañosas, hasta las playas de Tuxpan y Costa Esmeralda.

Un futuro desolador

El futuro del proyecto ATG depende en gran medida de los resultados en las licitaciones internacionales para la Ronda Uno, así como de las estimaciones de rentabilidad de los 29 campos petroleros que lo conforman.

Recientemente, el director de la Región Sureste de la Subsecretaría de Gobierno a nivel federal, Alberto Amador Leal, comentó que para 2015 se estima una inversión de 425 millones de pesos en Chicontepec.

Según la declaración ofrecida a medios de comunicación del norte de Veracruz, el objetivo es reactivar la economía con la contratación de empresas pequeñas y medianas, a reserva de que se confirmen contratos de exploración y producción con las grandes transnacionales.

Amador Leal dejó entrever que la cautelosa estrategia también tiene un segundo propósito: evitar que el Gobierno Federal no vuelva a perder otros 10 mil millones de pesos en un proyecto fallido y altamente nocivo para la vida de 800 mil personas.

En guerra por el basalto de Los Tuxtlas

Israel Hernández

Balzapote, San Andrés Tuxtla, Ver.

México

No conforme con dañar la vida marina del Parque Nacional del Sistema Arrecifal Veracruzano al construir sobre él la ampliación del Puerto de Veracruz, ahora la Administración Portuaria Integral (Apiver) está decidida a derribar decenas de árboles para extraer el material pétreo de Balzapote y convertirlo en dos kilométricas escolleras.

Con la premisa de generar empleos, los gobiernos federal y del estado de Veracruz no tienen empacho en romper el equilibrio ecológico con tal de que los veracruzanos "tengan mejores zapatos y coman en mejores restaurantes", según las palabras del gobernador Javier Duarte.

Ubicado a 45 kilómetros al norte de San Andrés Tuxtla y a 180 kilómetros al sur del puerto de Veracruz, Balzapote forma parte de una muralla natural de basalto, sobre la que nacen frondosos árboles que son el hogar de decenas de tucanes, saraguatos, osos hormigueros, loros, monos araña y otras especies en peligro de desaparecer.

La comunidad de 520 habitantes es parte de la Reserva de la Biósfera de los Tuxtlas, un área natural protegida en la que habitan, por ejemplo, la mitad de especies de aves y una tercera parte de los mamíferos existentes en el país.

Pero el tesoro natural que guarda en sus entrañas no sólo representa una oportunidad de vida para la biodiversidad que allí habita, sino que también significa un sueño hecho realidad para 47 familias de la zona.

EL BLANCO DE LA DEPREDACIÓN

En cuanto se concretó la ampliación del recinto portuario de Veracruz, los encargados del proyecto arriaron las velas para iniciar la obra lo más pronto posible.

La zona en la que Apiver ampliará el puerto actualmente está bañada de mar, situación que los obliga a ganar terreno mediante dos grandes escolleras con una longitud de 4 mil 295 metros y 3 mil 495 metros, respectivamente.

Para edificar las escolleras, no hay mejor material que el basalto, una piedra que miles de años atrás fue lava volcánica y que tiene características muy particulares de resistencia y durabilidad, sobre todo en zonas costeras con alta salinidad.

Apiver no tuvo que ir muy lejos para encontrar bancos de donde poder extraer la piedra necesaria e identificó tres: El primero en el Macizo Ígneo de Palma Sola en el municipio de Alto Lucero; el segundo en el Lomerío Basáltico de Córdoba y el tercero en Balzapote.

De acuerdo con el Centro de Ciencias de la Tierra de la Universidad Veracruzana, la Reserva de la Biósfera está localizada dentro de una zona geológica conocida como el Macizo Volcánico de los Tuxtlas, de ahí que sea tan rica en piedra basáltica.

El pasado 23 de enero, el organismo portuario ingresó la solicitud para arrancar con el proyecto que contempla 52 hectáreas: 16 serán explotadas, 4 utilizadas para patio de maniobras y 32 no tendrán afectación.

Aunque los cerros de 100 metros de altura sobre el nivel del mar ostentan decenas de bancos de roca, el proyecto sólo afectará al Banco "C", mismo que será reducido drásticamente durante 10 años.

YA APALABRARON A LOS EJIDATARIOS

Lejos de darle prioridad a la conservación ambiental, los ejidatarios ven en el proyecto de extracción de piedra la oportunidad que habían estado esperando toda su vida.

"Han venido muchos reporteros como ustedes y se han llevado puras mentiras, dicen y dicen pero eso no es cierto, no se va a destruir el cerro, sólo es una parte", explica Juan Solano.

"Aquí hay varios bancos de piedra basáltica, lo que ellos quieren utilizar es el Banco "C", que está en la parte interna del cerro. La zona junto al mar es el llamado banco "A" y eso no lo van a tocar", detalla la ejidataria Rosalba Chang.

 La señora Chang comenta que sólo un ejidatario está en contra del proyecto de extracción de roca. El resto, asegura, está convencido en que la mejor decisión es vender sus terrenos para obtener dinero y ofrecer un mejor futuro a sus hijos.

"Éste es un pueblo muerto, no podemos dejar ir una oportunidad así, por eso estamos a favor de que aprovechen la roca y nosotros a cambio podamos asegurar la comida y la escuela de nuestros hijos", insiste.

Félix Promotor Díaz es otro de los ejidatarios. Desde que supo de la oportunidad de vender su parte y conseguir un trabajo bien remunerado, no dudó en aceptar. Ofreció a los reporteros caminar por su parcela para explicar la distribución del proyecto.

"Aquí a veces siembro chile y lo que pueda, también dejo pastar ganado, pero ahorita no hay mucho que hacer, tampoco he podido pescar", dice y se empeña en hablar de las bondades que podrían llegar a la población.

"Vamos a tener casa ejidal y nos van a componer los caminos, la verdad sí se vienen muy buenos apoyos", cuenta.

La gente de Balzapote, tanto los ejidatarios como los pobladores, mantiene cierto recelo en cuanto al tema. Hermética, la mayoría busca evadir el tema.

MINIMIZAN IMPACTO: "ES COMO LA PUNTA DE UN ALFILER"

El argumento principal de los interesados en sacar la piedra es que la zona ya fue explotada en 1981, año en que se construyó el puerto de Dos Bocas, Tabasco.

En 2008, la propia Administración Portuaria Integral de Veracruz obtuvo piedra basáltica para utilizarla en la entonces ampliación del recinto portuario. En aquella ocasión ninguna organización ambientalista ni los habitantes de la comunidad mostraron su oposición.

El director de Apiver, Juan Ignacio Fernández Carbajal, minimiza la afectación ambiental que la selva tuxtleca sufrirá. En diferentes declaraciones públicas expone que el proyecto no está dentro de la zona núcleo de la Reserva, razón suficiente para justificar la intervención humana.

Además habla de que con base en la extensión total de la Reserva de la Biósfera de Los Tuxtlas, el proyecto es apenas un alfiler.

"Estamos hablando de una punta de alfiler, es como nada, y con eso es lo que tenemos suficiente, no vamos a destruir la parte que está pegada, como dicen, dinamitar la bahía, eso no es cierto, es puro blababla", dijo a finales de mayo.

ENCUENTRA ECO LA RESISTENCIA

Antes de iniciar, Apiver necesita convencer a los ejidatarios que son propietarios del terreno en cuestión y la autorización por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

El hecho podría limitarse a una simple operación de compra-venta y al estampado de las firmas, sin embargo, Balzapote se localiza dentro de un área natural protegida y un sector de la población se opone a su destrucción.

Movimientos como la Resistencia Organizada para la Conservación Ambiental (La Roca) se oponen rotundamente a que el proyecto prospere, ya que alertan sobre un daño irreparable al santuario verde de Los Tuxtlas.

Marly Fernández Sandoval y Birgel Marcel Hervis Landa, coordinadores de La Roca en San Andrés Tuxtla, acusan que las políticas ambientales emprendidas por la Semarnat parecen diluirse cuando de por medio existen grandes proyectos económicos.

Para ellos, la riqueza de los mil 155 kilómetros cuadrados que abarca la Reserva es incomparable y no hay recinto portuario que pueda reponer la destrucción del hábitat de miles de especies.

En las entrañas de la Reserva viven especies que están dentro de la NOM-059-SEMARNAT-2010, una lista que integra a los ejemplares de flora y fauna en peligro de extinción.

Durante el último mes, La Roca ha recolectado cerca de 2 mil firmas contra la extracción de piedra basáltica a través de Facebook y mediante reuniones informativas en el parque Lerdo de la cabecera municipal.

"El reunir firmas físicas y a través de las redes sociales nos ayuda a saber cuánta gente está realmente informada del ecocidio que se pretende hacer (...) Nuestro objetivo es informar realmente a la gente de lo que pasará y de la afectación", relata Marly.

EN STAND BY EL FALLO DE LA SEMARNAT

Si bien la Semarnat todavía no da luz verde para que Apiver concrete el proyecto "Aprovechamiento y Explotación de Roca Basáltica del banco ubicado en el Ejido Balzapote, Municipio de San Andrés Tuxtla, Veracruz", ya aprobó el primer paso: construir un muelle, escolleras y una dársena de ciaboga.

Cuestionado sobre el polémico caso, José Antonio González Azuara, delegado en Veracruz de la Semarnat, dijo que evaluarían las ventajas y desventajas, así como su impacto en el ecosistema tuxtleco.

Incluso, refirió que hay posibilidades de explotar la piedra basáltica porque el terreno en ojos de Apiver no está dentro de la zona núcleo- un área prohibida para la actividad humana-, sino en la zona de amortiguamiento.

Cuatro meses y medio después de que fuera ingresada la solicitud, Semarnat no ha emitido la autorización para explotar la roca basáltica, pero tampoco, al parecer, ha tomado en cuenta la opinión técnica de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), institución que considera "técnicamente no viable" el proyecto.

 Pese a que la Dirección Regional Planicie Costera de la Conanp envió su opinión a José Antonio González desde el pasado 25 de febrero, la dependencia aprobó el 19 de mayo la rehabilitación de un muelle, escolleras y una dársena de ciaboga.

Con el número de permiso 30VE2013HD096, la Secretaría aprueba a Apiver reconstruir un muelle en la costa de Balzapote, pero todavía no otorga la autorización para penetrar el cerro.

Diversos medios de comunicación estatales y nacionales informaron que el permiso ya había sido otorgado, sin embargo nunca verificaron qué contemplaba tal documento.

Desde luego, el hecho de que Apiver pueda habilitar un muelle incrementa las posibilidades para alcanzar su objetivo, toda vez que la mayoría de la roca sería trasladada a Veracruz vía marítima.

QUEDARÍAN DESPROTEGIDOS ANTE HURACANES

Cuando la Semarnat recibió el proyecto y el Manifiesto de Impacto Ambiental en modalidad particular (MIA-P), pidió a la Conanp que elaborara una opinión técnica.

Veintiún días después de que fuera requerida, ésta respondió con un documento de 29 páginas en las que explica, demuestra y sustenta que el proyecto pone en peligro la biodiversidad del lugar.

Tras varios recorridos por el Banco "C", los especialistas de la institución y de la Estación de Biología Tropical "Los Tuxtlas" de la UNAM, detectaron 15 especies dentro de la NOM-59-SEMARNAT-2010, una lista que integra a las especies de vida silvestre en peligro de extinción.

En el oficio número FOO.7.DRPCGM.-0126/2014, la Dirección Regional de la Conanp a cargo de José Carlos Pizaña Soto, detalla que identificó elementos florísticos amenazados como la palma (Chamaedoreaalternans), además de otras 36 especies de flora.

También expone que la Red de Monitoreo de Aves de Los Tuxtlas encontró 31 especies de aves como pelícanos pardo, aguiluchos negros, aguilillas, oropéndolas, gorriones, tángaras, entre otras.Además observaron una tropa de 15 monos aulladores, un tejón, lagartijas e iguanas.

Por su parte, la UNAM halló 68 especies de aves, 15 de ellas incluidas en alguna categoría de riesgo de la NOM-59-SEMARNAT-2010 y 20 especies de mamíferos, de las cuales 3 están amenazadas.

Investigadores del Laboratorio de Ciencias de la Sostenibilidad de la máxima casa de estudios del país se tomaron la molestia de redactar un dictamen en el que exponen "el proyecto propuesto atenta contra la conservación de la ya muy delicada biota que persiste en la región".

Los 10 especialistas de la UNAM cuestionaron la destrucción de una barrera natural de contención para aminorar el impacto de huracanes y ciclones, así como la eliminación de corredores de selva que conectan con la zona núcleo de la Reserva.

En el documento también se hace referencia al Programa de Conservación y Manejo de la Reserva de la Biósfera de Los Tuxtlas, el cual especifica que entre las actividades no permitidas están el uso de fuego y de explosivos en áreas forestales.

La norma fue citada por la Conanp ante la posibilidad de que Apiver dinamite la zona para extraer la roca, hecho que según los especialistas, perturbaría la vida silvestre.

El órgano ambiental también hizo observaciones de carácter técnico, es decir, referentes a la imprecisión del MIA-P respecto a los trazos de los caminos y la delimitación de la zona a trabajar.

En resumen, la opinión técnica informa que el proyecto planteado por el organismo portuario contraviene a los artículos 28, 35, 45 y 57 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y de Protección Ambiental, además de violar dos fracciones del artículo 70 del Programa de Conservación y Manejo de la Reserva.

Entre las especies que estarían en peligro al verse destruido su hábitat, se encuentran: el lechuzón orejudo, gavilán, tucán pico canoa, loro frente blanca, ticoticogorgiclaro, vireo ojo blanco y golondrina verdemar. Asimismo mamíferos como el murciélago de hoja nasal, el oso hormiguero, el hurón mayor, la zarigüeya, el mono aullador y el saraguato, especies que fueron identificados en la selva existente del Banco "C".

*Texto publicado en junio de 2014.

*El proyecto original de Apiver contemplaba extraer 7 millones de metros cúbicos, sin embargo la Semarnat sólo autorizó la explotación de 2 millones de metros cúbicos de basalto. Se prevé que en noviembre de 2015 arranquen formalmente los trabajos.